El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló hoy los avances de las investigaciones por los sobornos que la empresa Odebrecht asegura haber entregado en Colombia para acceder a multimillonarios contratos viales.

Como resultado de ello, la Fiscalía hará dos nuevas imputaciones, abrió indagación preliminar a las exministras Cecilia Alvarez Correa y Gina Parody, llamó a diligencias a Roberto Prieto, a interrogatorio a dos exconsejeros presidenciales y dos exministros de Transporte y compulsó a la Corte Suprema el expediente relacionado con el exsenador Plinio Olano.

Según el Fiscal, “contrario a lo que se difunde públicamente- la investigación adelantada por la Fiscalía se ha llevado a cabo solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias. Hasta la fecha la Fiscalía no ha recibido pruebas recaudadas por la Procuraduría General de Brasil, ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.

A pesar de ello, recalcó, “en apenas dos meses de indagación, son significativos los adelantos y comprobaciones en el presente caso, como pasa a reseñarse, no sin antes acotar que todas las decisiones aquí registradas, han sido emitidas por los fiscales de conocimiento del caso”.

Soborno por adjudicación Ruta del Sol 2

En el caso del soborno para la adjudicación del denominado Contrato de Ruta del Sol 2, la que ocurrió en diciembre del año 2009, la Fiscalía no solo logró identificar este caso de corrupción durante los meses de enero y febrero del  año que corre, sino también la autoría plena del cohecho y el destino integral de los USD$6,5 millones que se pagaron como “coima”.

A la fecha se han obtenido los siguientes resultados y adoptado las determinaciones por parte de la fiscal delegada: Imputación de cargos por cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, al exviceministro de Transporte y director del INCO para la época de los hechos, Gabriel García Morales, quien se allanó a los cargos imputados y se encuentra privado de la libertad. El Exviceministro decidió colaborar con la justicia y ha cumplido seis diligencias de interrogatorio. Igualmente ha ofrecido servir como testigo de cargo respecto de terceras personas.

Igualmente, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, fue vinculado al proceso mediante diligencia de interrogatorio llevada a cabo el día 30 del mismo mes de enero. La fiscal de conocimiento ha dispuesto pruebas para determinar su eventual participación en estos hechos.

El exviceministro de Transporte, Juan Ricardo Noero, y presidente de la sociedad Pacific Infrastructure INC., rindió interrogatorio, igualmente, el día 23 de febrero del presente año, por su presunto conocimiento de inversiones efectuadas con cargo al soborno.

Por su parte, Luis Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mamery, Luis Eduardo Da Rocha Soarez y Yesid Augusto Arocha Alarcón, funcionarios de Odebrecht, brindaron información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los ilícitos ocurridos alrededor de la adjudicación del Contrato Ruta del Sol 2 y están postulados por la fiscal de conocimiento para tramitar un principio de oportunidad en relación con los hechos que se comentan, a condición de que reparen el daño causado a la sociedad, que se ha estimado en la suma de $32.000 millones.

La Fiscalía también ha decidido imputar en este caso, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, a los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzu, quienes –de conformidad con pruebas que obran en el expediente y gracias a la cooperación de la Procuraduría de Panamá- para la época de los hechos eran los únicos accionistas de la sociedad panameña Lurion Trading INC., empresa a la que Odebrecht giró el soborno de los USD$6,5 millones. Lurión fue constituida para ese único efecto a comienzos del año 2010.

A su turno, la Dirección Nacional Especializada de Extinción de Dominio ha iniciado un proceso tendiente a la incautación y extinción de dominio de los bienes obtenidos con los dineros del soborno.

Como resultado del material probatorio acopiado, en la fecha se ha dispuesto Compulsa de copias contra el entonces Senador de la República, Plinio Olano, a efecto de que la Corte Suprema de Justicia indague por su eventual participación en estos hechos.

Igualmente, la fiscal de conocimiento ha ordenado vincular al proceso mediante diligencia de interrogatorio a las siguientes personas, que ejercían responsabilidades públicas en aquel entonces: Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo, ambos consejeros presidenciales para la época de los acontecimientos.

Por su lado, por su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon el soborno en Ruta del Sol Dos, serán llamados a rendir diligencia de interrogatorio ante un Fiscal Delegado, Daniel García Arizabaleta y Eduardo Zambrano.

Y en relación con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol Dos, a partir de la fecha se llamará a diligencias a Menzel Amín Avendaño, Marco Gianpaoli Scattolini, Alfonso Pereira Del Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Valencia y su esposo Otto Rodríguez.

Por las mismas circunstancias ya rindió entrevista Juan Manuel Barraza.

Otrosí No. 6 – “Ocaña - Gamarra”

En relación con el Otrosí No. 6 para la vía “Ocaña - Gamarra”, mediante el cual se adicionó el Contrato Ruta del Sol 2, en marzo del año 2014, las averiguaciones de la Fiscalía han dado lugar a las siguientes actuaciones: Imputación de cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares, al exsenador Otto Bula Bula, quien se encuentra privado de la libertad. La Fiscalía ha decidió solicitar su acusación ante un juez de la República.

Bula Bula fue beneficiario de pagos por USD$4,6 millones según la información provista por funcionarios de Odebrecht.

La Fiscalía tiene identificado que esta suma habría sido direccionada por el exsenador a siete empresas ubicadas en China, Hong-Kong y Panamá, principalmente: Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp., CT Asia HK, Coas Helicop Inc., Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda.

La Fiscalía tiene evidencias sobre la monetización de parte de estos recursos y se encuentra a la espera de cooperación judicial internacional para vincular a la investigación a los restantes beneficiarios de estos pagos.

La Unidad de Fiscales de Extinción de Dominio procedió a la ocupación, con fines de extinción de dominio, de 686 bienes vinculados a Bula Bula, dentro de los que se encuentran 34 inmuebles ubicados en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Antioquia, Sucre y Cundinamarca, así como 5 vehículos, 2 sociedades y 645 cabezas de ganado, valorados en más $53.000 millones, a los cuales se les pretendía dar apariencia de legalidad.

El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, ha rendido dos entrevistas y fue vinculado formalmente a la investigación mediante interrogatorio llevado a cabo el día 21 de febrero de 2017.

Del mismo modo, Andrés Giraldo a quien señaló Bula de haber recibido la suma de USD$1 millón, fue escuchado en interrogatorio por esta Fiscalía.

También Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI y funcionario de dicha entidad, ha sido vinculado formalmente a la investigación y rindió interrogatorio el pasado 20 de febrero.

La exministra Cecilia Álvarez rindió entrevista en este caso ante los fiscales de conocimiento.

Se dispuso compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del senador Bernardo Miguel Elías. La misma compulsa se ha hecho para ante la Procuraduría General de la Nación.

De la misma manera, la Fiscalía ha aperturado indagación preliminar con ocasión de la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por su eventual interés en la celebración del Otrosí No. 6. Las diligencias correspondientes correrán a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por su fuero constitucional.

La Fiscal de conocimiento ha decidido que concluidas las actuaciones de entrevistas e interrogatorios en curso, llamará a diligencias a Roberto Prieto.

Contrato del acueducto “Tunjuelo - Canoas”

Aunque no obra en la relación de contratos en los que se habría presentado sobornos promovidos por empresas vinculadas a Odebrecht, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía encontró presuntos actos de corrupción en el contrato que para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano para el Sistema de Alcantarillado Troncal Tunjuelo-Canoas, río Bogotá, celebró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La investigación se inició por análisis de información contenida en la matriz de colaboración de Emilio Tapia Aldana quien informó que en el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel para el Sistema de Alcantarillado Troncal Tunjuelo-Canoas, del río Bogotá se habrían pagado comisiones.

La hipótesis de la Fiscalía se orienta a demostrar que se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia Aldana, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas.

Tal hipótesis demostraría que el proceso de corrupción se habría iniciado desde la misma selección de contratistas que participarían en la licitación, en la manipulación de pliegos de condiciones y, en general, del proceso contractual.

Los contratistas investigados son los miembros del Consorcio Canoas compuesto por la empresa CASS, del Grupo Solarte y la empresa Odebrecht. Así mismo los subcontratistas involucrados son Andrés Cardona, Orlando Fajardo y Gabriel Nieto.

A la fecha Andrés Cardona se encuentra privado de la libertad en virtud de la imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Para el próximo miércoles 8 de marzo se encuentra prevista diligencia con Yesid Augusto Arocha Alarcón, quien se desempeñó como representante del Consorcio ganador durante el trámite de la licitación respectiva.

Contrato de Navelena para la recuperación del Río Magdalena

Las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores a la adjudicación de este contrato, se llevan a cabo mediante un equipo de investigadores de nacionalidades colombiana y ecuatoriana, por virtud del acuerdo suscrito el 22 de febrero de 2017 entre las Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Fiscalía de Ecuador. La hipótesis investigativa relaciona la adjudicación de este contrato a Navelena, con la adjudicación del contrato del metro de Quito.

En desarrollo de cooperación judicial suministrada a la Fiscalía de Ecuador, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio servirán como peritos forenses respecto de información proveniente de Ecuador que reposa en computadores incautados y que darían cuenta de hechos que conciernen a esta investigación.

Para que informe la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del referido contrato a Navelena y la concepción de un “otrosí” al mismo, promovido por el Fondo de  Adaptación, relacionado con la esclusa del Canal del Dique, se citará a declarar al director del Fondo, Iván Mustafá.

Los equipos investigadores de Colombia y Ecuador tienen previsto llevar a cabo una nueva reunión de trabajo en la semana del 20 de marzo.

Irregularidades en contrato Navelena por parte del Banco Agrario

El proceso inició a propósito de la denuncia penal interpuesta por el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, por las modificaciones realizadas a las condiciones previas al desembolso del crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena SAS, por la suma de $120.000 millones, condiciones que habían sido fijadas por la Junta Directiva del banco oficial.

Con base en el análisis de información realizado por la Policía Económica Financiera de la Fiscalía General de la Nación, se han llevado a cabo 12 diligencias de declaración jurada y 1 de interrogatorio, a funcionarios del Banco Agrario.

Se ha citado a audiencia de imputación para el día 15 de marzo a las 7 de la mañana a Alejandro Jiménez, Vicepresidente Comercial del Banco Agrario para la época de los hechos, como posible autor del delito de Falsedad Ideológica en Documento Público.

La imputación se fundamenta en la circunstancia de que Jiménez certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Junta Directiva, con el fin de viabilizar el desembolso del crédito a favor de Navelena, a pesar de que el contrato de fiducia que habría de servir de garantía no fue previamente modificado, con miras a asegurar que el patrimonio autónomo respectivo honrara el pago de la deuda en caso de mora, a pesar de corresponder a una condición para el desembolso.

Las indagaciones avanzan para establecer si en los hechos que se investigan se encuentran comprometidos otros directivos del banco público.

Contribuciones a campañas presidenciales

La Fiscalía recordó que como se hizo público desde el pasado 7 de febrero y en la rueda de prensa del día siguiente, “es deber de la Fiscalía seguir investigando la presunta financiación de Odebrecht en el proceso electoral del 2014, por lo que pueda corresponder a su competencia y sin perjuicio, claro está, de las actuaciones que por la Constitución y la ley competen a otras autoridades”.

A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la Fiscalía cuenta hoy con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht en beneficio de las campañas presidenciales del 2014, las que fueron concretadas mediante pagos llevados a cabo desde Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilera.

Según las pruebas recaudadas, a comienzos del año 2014 Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y el publicista Jose Eduardo Cavalcanti De Mendonca, más conocido como “Duda” Mendonca.

Esta reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero del año 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, Director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.

Odebrecht asumió un pago a favor del publicista “Duda” Mendonca, del orden de USD$1,6 millones, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña “Mano Firme, Corazón Grande” del candidato Zuluaga. Dicho pago se llevó a cabo por la firma brasilera, según la acreditaciones obrantes, en dos instalamentos, a favor de la empresa off shore Topsail Holding.

También se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho Bbdo, por la suma de USD$1 millón, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del Presidente Santos, en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los USD$100 millones, por circunstancias que los funcionarios brasileros estimaban no eran imputables a su compañía.

“Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en estas materias le permiten afirmar razonadamente que esta información coincide con la documentación que reposa en las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de Brasil contra Odebrecht y sus directivos, a nivel mundial, y que serán dadas a conocer al público el próximo 1º. de junio”.

Por último, la Fiscalía reiteró que “desde el 2 de febrero del año que corre solicitó a la Contraloría General de la República comparecer al proceso como representante de la Nación, en calidad de víctima de los sobornos acreditados”.